Denuncian el colapso sanitario de Mendoza

El doctor Polo Martínez Agüero de la Red de Derechos Humanos de Mendoza describe la situación que se vive en la provincia cuyana

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En un comunicado la Red por los Derechos Humanos de Mendoza se pronunció
sobre el colapso del sistema de salud de Mendoza .

Compartimos lo expresado:

La prematura apertura de la economía, la apuesta a la “responsabilidad individual” y el corrimiento del Estado como principal garante de derechos llevó a la actual situación sanitaria y alentó prácticas individualistas, vigilancia, discriminación y una mayor violencia sobre los grupos más vulnerados. La energía económica y política se volcó a estrategias de control sobre la población, lo que aparejó mayores niveles de violencia social y policial en lugar de medidas sanitarias de
prevención, promoción y asistencia.
Todas nuestras estadísticas son peores que la media nacional. Los casos se
duplican cada 13 días en Mendoza, cuando en el país es cada 30; la tasa de
letalidad sobre casos cerrados (altas y fallecimientos) es de 3,6% frente al
2,7% de la nación; las camas UTI ocupadas alcanzan el 100% en el Gran
Mendoza. A esto se suman otros indicadores graves como las largas demoras
para lograr un hisopado y obtener el resultado o el "aislamiento" domiciliario de
casos positivos confirmados, incluso de personas que viven en condiciones de
hacinamiento (condenando a toda la familia a enfermarse).

Desde hace 180 días, el gobierno provincial debió haberse preparado para esta
situación. El contagio de gran cantidad de trabajadoras y trabajadores en
hospitales y clínicas evidencia la ineptitud, inoperancia y/o inhumanidad de las
autoridades y su política sanitaria.
El personal de salud continúa sin recibir el pase a planta y sin ART, desarrolla
sus actividades sin paritarias y, en su mayoría, sin percibir todavía el bono
incentivo decretado por el gobierno nacional. Las rotaciones no se hicieron a
tiempo y el ingreso de profesionales se implementó de manera precaria e
informal a través de “contratos covid”. Es urgente la efectivización y el
reconocimiento económico de todas estas personas por su imprescindible
aporte, como también nuevas incorporaciones para atender el agravamiento de
la crisis. A contramano de esta necesidad, la UNCuyo cerró la carrera de
Enfermería.
El trabajo de las organizaciones sociales es fundamental, aún más durante la
pandemia, pero no suple al Estado en su deber de garantizar derechos. El
gobernador y sus ministerios se manejan arbitrariamente, en ningún momento
tuvieron la intención de convocar a la sociedad organizada para formar comités
de crisis con trabajadores/as, expertos y organizaciones sociales.
El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a
servicios de atención de calidad. El gobierno provincial tiene la responsabilidad
de garantizarlo y de optimizar las políticas públicas, herramientas legislativas y
presupuestarias para paliar esta emergencia.

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