28/08/2020

La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual 2020

El relevamiento informa sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires


Adriana García, mamá de Diego Cagliero que fue asesinado por la Policía Bonaerense [Descargar]

Roberto Cirpiano García, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria [Descargar]

Graciela describe cómo vulneraron el derecho de su hija estando ella privada de libertad [Descargar]

Juan Irazabal, Presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura [Descargar]

Noemí Vázquez la mamá de Maximiliano Ábalos relata cómo estaba detenido su hijo [Descargar]

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante de la CPM [Descargar]

Adolfo Pérez Esquivel, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria [Descargar]

Yamila Zabala Rodríguez, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria [Descargar]

El informe presentado fue el primero tras la designación de la Comisión Provincial por la Memoria como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El relevamiento describe el balance de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que estuvo signada por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte. Estos hechos fueron el exponente más atroz de las graves violaciones a los derechos humanos que genera el punitivismo.

El diagnóstico da cuenta de una crisis arrastrada por décadas y que requiere cambios profundos en la política criminal; más aún en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que agravó la crisis humanitaria en los lugares de encierro, la sobrepoblación récord en comisarías, la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro.

El informe anual Sistema de la crueldad 14 analiza las políticas de encierro (penitenciarias, de seguridad, de niñez y salud mental) y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.

Compartimos fragmentos del informe que da cuenta de la situación en Derechos Humanos que vide la porvincia de Buenos Aires:

-En el sistema carcelario todos los indicadores empeoraron y se alcanzaron nuevos récords en los índices de prisionización, sobrepoblación, hacinamiento. También las muertes bajo custodia y los casos de torturas alcanzaron valores elevados. El hacinamiento en condiciones inhumanas: la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%. Entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado; 11 muertes por mes. El 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.

-En el territorio, la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando. Con la legitimación de la “Doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la Provincia 485 muertes en cuatro años; 1 muerte cada 3 días. De éstas, 21 fueron femicidios. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.

-A las niñeces y juventudes en peligro, la gestión saliente sólo le respondió con el brazo punitivo del Estado; los dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley también tuvieron una sobrepoblación récord, llegando a 651 jóvenes, lo que implicó un 23 % de sobrepoblación. A la par, los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos.

-Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. Las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación. Los datos lo confirman: en el 2019, el 68% de los ingresos a los cuatro hospitales monovalentes de la provincia fueron re-internaciones. En ese contexto, no se cumplió con la Ley de Salud Mental, que disponía el cierre de los manicomios para este año. Las muertes ascendieron a 150 en hospitales neuropsiquiátricos.

 

Como conclusión la Comisión Provincial por la Memoria dice que nada de esto es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Hace más de dos décadas los gobiernos de distintos signos políticos insistieron en la misma política criminal. Una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. La denominada “mano dura” ya ha demostrado de sobra la ineficacia para resolver los problemas de inseguridad, sólo provoca mayores violaciones a los derechos humanos, incrementa la violencia social y pone en riesgo a toda la población.


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