La hidrovia y la soberania nacional

A pocos días del vencimiento de la concesión de la hidrovia Paraguay-Parana, organizaciones sociales reclaman que el gobierno interceda en los intentos de reprivatización del espacio marítimo y piden que sea controlada por una empresa del estado

El 30 de abril vence la concesión entre el estado argentino y la empresa Hidrovía S.A, conformada por los grupos empresariales EMEPA (Argentina) y Jan De Nul (Bélgica). Firmado en febrero de 1995, estos grupos empresarios obtuvieron millones de dólares, a través de subsidios estatales y del continuo movimiento de los cargamentos sojeros por sus puertos. El gobierno nacional a principios de este año advirtió que no renovará la concesión a los actuales licenciatarios de la hidrovía.

La hidrovía Paraná-Paraguay es una de las vías de circulación más importantes del comercio nacional. Por allí, los distintos barcos cargueros transportan sus producciones agropecuarias para la exportación. 

En simultáneo a los dividendos millonarios que obtienen los licenciatarios, los daños sobre el lecho marítimo del Paraná fueron terribles. A la contaminación del agua por el derrame de combustible, se suma el uso de agrotóxicos y pesticidas en los alrededores de las cuencas, hecho que ocasionó la aparición de enfermedades de vecinos de la ribera del Paraná, como la reducción de la flora y fauna.   

En tanto el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, declaró a inicios de febrero que no extendería la concesión a los actuales licenciatarios y permite a las provincias ribereñas a participar de la licitación. En paralelo, considero pertinente la creación de un organismo estatal para que oficie de contralor de las empresas a cargo de la hidrovía.

Distintas organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Tierra consideran que debe ser el mismo estado quien controle la hidrovía y que es un momento de soberanía nacional tener la administración de los ríos. "Es un momento para que el estado pueda armar un control sobre la ruta navegable del dragado y balizamiento", señaló Cristian Acosta, integrante de la UTT.

Una de las preocupaciones que tienen desde la UTT son las continuas desdichas y contradicciones del gobierno nacional cuando se trata de medidas que afectan a los poderes agropecuarios. "El gobierno ha puesto la vara sobre la soberanía alimentaria como en el caso de Vicentin o el del precio de los granos, pero luego retrocede", considera Acosta.

También señalan que el control de la hidrovía debe ser cien por ciento estatal, en un contexto donde los grandes empresarios agrícolas obtuvieron ingresos millonarios mientras en paralelo, aumentó la pobreza en el país y vastos sectores sociales no tienen para comer.

Por último, desde la UTT señalan que no se puede analizar la privatización de la hidrovía sin tener en cuenta el modelo de producción extractivista y la inclusión de los agrotóxicos, que generó millones de dólares para los sojeros y múltiples daños al bioma y la salud de la gente. "Argentina tiene que ir no solo al control de las rutas de comercialización, sino también a la discusión del modelo productivo y la redistribución de la tierra", indicó Acosta.