Con inversiones, pero fuera de la ley

Sobre la avanzada del proyecto minero Josémaría, en San Juan, Carina Jofré analiza las múltiples afectaciones de una avanzada sin legalidad ni licencia social.

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En San Juan, la minería a cielo abierto es política de estado desde la primera gestión Gioja en 2003, con una larga lista de proyectos que avanzan sobre la codillera violando leyes ambientales. El pasado viernes 12, en una reunión del presidente Alberto Fernández con la firma canadiense Linding Mining, se anunció una inversión de 4.100 millones de dólares para la explotación de cobre, oro y plata en el proyecto Josemaría, en el Departamento de Iglesia, al norte de la provincia de San Juan. Estaría emplazada a 4.295 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de los Andes, a 10 kilómetros del límite con Chile.

Carina Jofré arqueóloga y Dra. en Ciencias Humanas e Investigadora del CONICET, recuerda que este proyecto afecta una zona de reserva de biosfera declarada por la UNESCO hace 40 años llamada San Guillermo, que resguarda un ecosistema de camélidos sudamericanos, flora y lagunas de altura. Es vecina de otra zona protegida por ley, la reserva altoandina Laguna Brava, en La Rioja, cerca del Glaciar El potro que también sería afectada, a 3000 metros de altura. De allí sale el agua que se toma agua abajo.

Jofré, advierte que el proyecto Josémaría es tres veces más grande que Veladero explotado por la canadiense Barrick Gold y tristemente recordada por la impunidad de su daño ambiental reiterado al derramarse aguas cianuradas en el río del que se alimentan varios pueblos, entre ellos Jachal e Iglesias. En una provincia con crisis hídrica, donde la agricultura colonial ya distribuía arbitrariamente el acceso al agua, un proyecto minero de semejante dimensiones solo agravaría la sequía no solo porque se asienta sobre un glaciar del tamaño de la ciudad de Jachal, sino porque el riesgo de impune contaminación es inminente. 

De avanzar este proyecto, se estrían violando los procedimientos legales, ya que no ha existido una consulta previa, ni  informada y ni libre a los pueblos indígenas como exige el convenio 169 de la OIT. “Estos gigantes ponen pautas publicitarias fuertísimas con las que bombardean la poblaciones afectando la opinión local de manera drástica”. 

Jofré advierte también que el Estado ha ido mutando, y ya no protege ni a la ciudadanía ni al territorio. “Hay una reconversión: El Estado aquí es articulador, proveedor y regulador de las formas de saqueo del territorio.” Esto afecta la movilización y circulación, la masculinización del territorio con el aumento violencia contra las mujeres, la falta de agua, por los megadiques que estrangulan ríos para generar energía para estos proyectos, la calidad del agua, etc…

Arqueóloga de profesión, Jofré denuncia que a las múltiples afectaciones socio-económicas y ambientales se suman también las culturales ya que se destruirían “cien lugares de memoria indígena en el camino de acceso minero que va desde Angualasto hasta Macho Muerto”. Se niegan además los derechos que por la ley 23.302 de Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes corresponde, en este caso a las huarpes, preexistentes al estado argentino: “todo lugar de memoria que conecte el derecho de las poblaciones anteriores es eliminado” cortando su genealogía. Recordó también el caso de Pascua Lama, antecendente en el cual la Corte Interamericana por incumplimiento del convenio 169 obligó a paralizar las obras.

 

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