Córdoba: Denuncia penal y nuevo acampe contra el desmonte

Vecinas y vecinos del Valle de Paravachasca, avanzan con las denuncias penales contra autoridades de Córdoba y piden medidas cautelares contra el desmonte para construir la Autovía Ruta 5.

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En Alta Gracia, al centro y oeste de la provincia de Córdoba, más de un centenar de vecinos y vecinas realizaron el domingo 27 de marzo una denuncia penal ante la Unidad Judicial en relación al proyecto de la “Autovía Variante Ruta provincial n° 5, Tramo Alta Gracia – Villa Ciudad de América”, con el propósito que se disponga la investigación pertinente. 

Esta presentación está dirigida a investigar todas las autoridades e instituciones que pudiesen estar involucradas en la obra "por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público (de acuerdo al artículo 248 del Código Penal), a la presunta falsificación ideológica de documentos (de acuerdo al artículo 292 del Código Penal) y al presunto uso de documentos públicos falsos (de acuerdo al artículo 296 del Código Penal).  Solicitan el cese de la ejecución de la obra ya que el daño que provoca la misma será irreparable e irremediable como consecuencia de los presuntos delitos que se están cometiendo", como expresan en el comunicado.

Los 108 firmantes de la denuncia presentaron documentación pertinente, suficientes para que se establezcan los  delitos ambientales y se dicte como medida cautelar el cese del desmonte con topadoras en el Valle de Paravachasca, siendo la fiscalía de 2do turno de Alta Gracia, a cargo del Dr. Alejandro Peralta Ottonello, quien debe iniciar la investigación requerida, y evaluar la medida cautelar solicitada.

Diego Aranda, vocero de la Asamblea de vecinos, informó que se pide la investigación a las responsabilidades de: la Secretaría de Ambiente de la provincia en tanto autoridad de aplicación, por su responsabilidad en la realización de la audiencia pública y el otorgamiento de la licencia ambiental; la empresa pública Caminos de la Sierras encargada del proyecto y responsable por el llamado a licitación; la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) encargada de la evaluación de estudio de impacto ambiental; y los jefes y jefas comuniles e intentendentes  del Valle de Paravachasca que son quienes otrogan la factibilidad del uso de suelo. 

Mientras tanto retomaron el acampe desalojado el pasado 14 de marzo para visibilizar el conflicto y resguardar el monte y las fuentes de agua del avance de las máquinas.  

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