Chile: Perdonazo a las isapres por parte de la clase política

Las Instituciones de Salud Previsional fueron creadas en el año 1981, en plena dictadura militar, paralelo a la creación de las AFP, administradoras de fondos de pensión, que son prestadores privados que invierten los fondos del seguro social.

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Por Juan Ortega, periodista de Radio JGM de Chile

 

Recientemente en Chile, el congreso nacional despachó la llamada Ley Corta de Isapres que benefició con un perdonazo a las administradoras privadas de los fondos de salud, respecto de una deuda que han ido acumulando con sus propios beneficiarios, miles de hombres y mujeres que por años han pagado excesos en sus cotizaciones mensuales y que hoy, deben aceptar que su dinero no será devuelto completamente, sino en pagos parciales y con un importante grado de condonación.

Las  Instituciones de Salud Previsional (Isapres) fueron creadas en el año 1981, en plena dictadura militar, paralelo a la creación de las AFP, administradoras de fondos de pensión, que son prestadores privados que invierten los fondos del seguro social. 

Estas estructuras macroeconómicas han crecido en estos más de 40 años, a niveles obscenos de acumulación de riqueza, reflejando el modelo neoliberal implantado en Chile, que permite que derechos sociales ganados por luchas populares, como es el derecho a una salud digna, sea mercantilizado por ley, obligando a una población completa a depender de empresas, cuyas propiedades siempre son grandes transnacionales de los seguros privados de salud en América Latina.

La llamada ley corta de isapres aprobada por el congreso permite nuevos plazos y montos de pago por parte de estas empresas a los usuarios de sus servicios, que por años han pagado sobreprecios por éstos. Esta medida le otorga beneficios nunca antes vistos, a empresas que fueron reconocidas como responsables de una deuda millonaria: un billón 485 millones pesos (1.589 millones de dólares) en un sendo fallo de la corte suprema en 2022. Estas instituciones, lamentablemente ya son parte de la vida cotidiana de miles de chilenos, y desde hace casi medio siglo, discrminan por sexo y edad en cuanto a las prestaciones y servicios que ofrecen, es decir violan el principio de igualdad de la constitución. Por si fuera poco operan clínicas privadas, administran seguros complementarios y reciben además a pacientes del sistema público, que son pagados por el estado con precios que ellos mismos han fijado. Por si fuera poco, tienen la protección de diputados y senadores.

Sí, porque fue la clase política en su conjunto, con el apoyo de este gobierno quienes impulsaron hace más de un año, este proyecto de ley, que les da condiciones que ninguna otra empresa tieneen nuestro país. Es cierto que el proyecto también permite que el sistema público,  llamado FONASA el Fondo nacional de Salud, sea más competitivo en el mercado de los seguros, la gran noticia es la legalización del abuso económico que se cierra con esta ley.

¿Qué factores permiten entender que en Chile, país donde se ha cuestionado la privatización de la salud, de la educación y de la seguridad social hasta el cansancio, sean los propios gobiernos de corte progresista los que terminan protegiendo su existencia y usura?

Como datos de contexto debemos decir que las isapres siguen mostrando utilidades exorbitantes año a año, y han sido financistas de campañas y partidos políticos desde hace ya más de 20 años.

Con esta ley, las Isapres pueden seguir operando con planes base, subiéndolos de precio sin mecanismo de contención. Se defiende a ultranza la operación de privados con fines de lucro de los fondos de salud de todos los chilenos, dando un portazo a las demandas de múltiples sectores de un fortalecimiento real de la salud pública, pensada como una garantía de derechos más que una bolsa de plata con la que se puede especular y cobrar libremente.

El gobierno que se dice el más progresista de los últimos tiempos, es el que cristaliza el sueño de Pinochet de que la administración privada es la llamada a garantizar un derecho social de una nación. Nuestros legisladores y el gobierno de turno han sellado con una ley, el derecho que tienen las empresas de estrujar los bolsillos de cada uno de cientos de miles de habitantes, sin pagar por hacerlo, incluso con facilidades únicas para la supuesta devolución.

Un paso para adelante y dos para atrás. Un salvavidas para la especulación del capital, que lucra con el dinero de todos y todas.

 

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