Entre la espada y la pared

Un grupo de madres, padres y tutores han presentado un amparo judicial para reclamar la no obligatoriedad de la presencialidad en las escuelas de la CABA, en un contexto de aumento de los contagios a nivel local y nacional

"Hemos decidido flexibilizar algunos aspectos del protocolo" dijo la Ministra de Educacion de la Ciudad de Buenos Aires, Maria Soledad Acuña, en un programa de televisión hace unos días. En simultáneo, tanto a nivel distrital como nacional, se observó un aumento en la cantidad de contagiados. En paralelo, un grupo compuesto por 50 familias hayan decidido presentar una medida de amparo en el Juzgado CAy T Nro. 13, Sec. Nro. 26, para reclamar la no obligatoriedad de la presencialidad y otorgar la posibilidad de que los distintos alumnxs puedan cursar de forma remota. Los motivos que han alegado desde el colectivo es la dificultad de aplicar el protocolo en las instituciones educativas, debido a causas no solo materiales sino también infraestructurales. También han señalado la aparición de distintas medidas de coacción, como es el caso del retiro de la vacante al alumnx o una posible intervención del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes ante la no asistencia a los espacios educativos, para forzar a las familias a llevar a los niñxs a las instituciones.

Desde hace algunas semanas, la meseta de contagio progresivamente ha ido creciendo oscilando entre los 700 y 1100 casos por día en la CABA. Esto mientras cientos de chicxs de entre 6 y 17 años deben asistir a instituciones educativas de forma presencial de forma obligatoria y dejando para casos "especiales",  con protocolos de difícil aplicación, no solo por las condiciones materiales de cada institución educativa, sino también por cuestiones de infraestructura, que han provocado, en ocasiones, amontonamientos en las entradas y las salidas de los espacios educativos, dando por concluido la idea de distanciamiento de un metro y medio entre alumnxs.

"Los espacios son insuficientes para el distanciamiento,la infraestructura es deficiente desde hace años, los insumos son pocos para la higiene y la sanitización y además es insuficiente la cantidad de personal para llevar a cabo", señaló Patricia Losada, parte integrante del colectivo que lleva a cabo el amparo.  También destacó que hay disparidad en cuanto al contenido trabajado entre los alumnxs que han cursado de manera remota y aquellos que han asistido de manera presencial. "Los alumnos que tienen la excepcionalidad, no sean considerados como alumnos esenciales como aquellos que sí realizan la presencialidad porque no se instrumenta el modo Remoto y la virtualidad". A lo que siguió, "Las clases y los contenidos que reciben los alumnos en la modalidad remoto no son las misma que la que reciben los alumnos de manera presencial", destacó Losada 

"Nosotros entendemos que es riesgoso que nuestros hijos concurran presencialidad, en un contexto de pandemia y donde el virus circula con alta velocidad. Además de la aparición de una nueva cepa y una posible segunda ola", argumentó Carolina Fabrizio, integrante del grupo de padres que presentó el amparo. Luego señaló, "obligar a los padres a enviar a sus hijos a los colegios de manera presencial es ponerlo en una disyuntiva terrible entre el derecho a la educación y la salud y la vida"

El grupo de personas que está llevando a cabo esta iniciativa es asesorado por el abogado Hernan Mirasole, representante de la Asociación Civil Nace Un Derecho, quien ha señalado la dificultad de la aplicación de los protocolos indicados propuesto por la resolución 1/2021 de los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad de Buenos Aires. "Hay masivas denuncias respecto a que no hay ventilación en las aulas y de que no hay distanciamiento", destacó el abogado. A lo que agregó, "encima se pretende flexibilizar el protocolo, que en verdad no funciona"

Mientras la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, ha comentado que tuvo "conversaciones" con familias a través de encuestas, este grupo de madres, padres y tutores han señalado que en ningun momento se han comunicado con ellos y que en paralelo han aparecido de coacción para llevar a cabo la presencialidad. "Se han llevado a cabo medidas coercitivas en donde afirman que si no van obligatoriamente de manera presencial, le quitaran la vacante y les serán entregados a aquellos que se encuentren en listas de espera, que en verdad es ilegal", señaló Mirasole. "

Desde el comienzo, hubo escuelas en las que se comunicó a través de las conducciones y/ o maestrxs que la orden era contabilizar las faltas y que reunidas las 10 ausencias injustificadas perderían la vacante". Indicó Losada. A lo que siguió, " Esto quedó bajo el manejo discrecional de casa conduccion, pero dependiendo obviamente de la flexibilidad de las supervisiones y del temor a posibles sanciones y/ o represalias". "Hemos recibido denuncias de familias que han sido amenazada con la pérdida de la vacante/matrícula e incluso la amenaza de una posible intervención de minoridad", destacó Fabrizio. A lo que agregó, "esto generó angustias y ansiedad porque es resguardar el derecho a la salud de los padres, las madres y los niños. En verdad estamos entre la espada y la pared".

Aunque, por el momento, no se han aplicado medidas sancionatorias respecto a la quita de regularidad y vacantes a lxs alumnxs. "A nivel reglamentario no corresponde que se quite la matrícula o vacante, ni corresponde que se hable de deserción escolar o la intervención de minoridad", explayo Carolina Fabrizio.

Cabe destacar, que ninguno de los integrantes que se han acercado a la justicia está en contra de la presencialidad, debido a que tienen en cuenta los múltiples factores psicológicos, psicopedagógicos y de sociabilidad de los niñxs. Su propuesta es dar la posibilidad a que otros chicxs tuvieran la posibilidad de acceder a sus clases de manera remota y sin dejar expuestos, no solo a los jovenes que estan en edad escolar, sino también al personal docente, de maestranza y administrativos, que están insertos en una burbuja de dudosa seguridad ante los contagios. "Las familias quieren sostener la comunicación mediante diferentes estrategias y recursos", destacó Fabrizio. En tanto, Mirasole indicó "No se está en contra de la presencialidad, aquellos que quieran asistir presencialmente, que lo hagan pero garantizar las medidas sanitarias". A lo que agregó, "esto también se está aplicando en otros países como en Uruguay, Paraguay se han suspendido, mientras que en Chile y Brasil se ha pedido lo mismo". Para cerrar, enfatizó la angustia de los familiares y argumento, "los padres están muy preocupados por la pérdida de vacantes y por el temor a no educarse y por eso piden que se garanticen los derechos de educación virtual contemplados en el inciso 2.C, que señala a aquellos eximidos por enfermedades preexistente o por tener familiares de más de 60 años en el núcleo familiar, que en verdad no está garantizada ni para aquellos que no están de acuerdos con la presencialidad"