Acampe por el pleno cumplimiento de la ley de emergencia territorial indígena

El Senado de la Nación aprobó este jueves con 43 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones la cuarta prórroga de esta ley de emergencia y de orden público, que estaba próxima a vencer el 23 de noviembre.

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La Ley 26.160 fue sancionada a finales del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años a efectos de resolver la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país. Desde ese entonces, fue prorrogada en 3 oportunidades: en el año 2009, en el  2013 y en el 2017. En concreto la ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras y ordena efectuar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas para cual, hasta ahora no se ha asignado presupuesto ni reglamentada su implementación.

Con la media sanción del senado, resta ahora que se apruebe la prórroga en diputados, motivo por el cual el acampe frente al congreso de representantes indígenas permanecerá, aunque la media sanción ya garantiza su vigencia.

Desde Córdoba, Mónica Bertolani de la Comunidad Tulián, pueblo comechingón de San Marcos Sierra, explica por qué, más que otra prórroga, exigen que se apruebe destinen los fondos para realizar el relevamiento y la asignación de tierras “aptas para el cultivo de alimentos” y el derecho de tener educación bilingüe. 

Desde Jujuy, una de las provincias más codiciadas por emprendimientos privados vinculados al litio, Avelino Canchi del pueblo Omaguaca, coincide con cierto cansancio y asegura que “cada vez que se cumplen los plazos, venimos a reclamar que sea ley” para que “los pueblos sean dueños de los territorios”. También, Alex Frites, Omaguaca de la comunidad de Varas, tampoco se conforma con la prórroga y exige que “se de curso a Ley de Propiedad Comunitaria que sería la solución definitiva, y esto también suspende los desalojos”. Asegura que ligado a la tierra va el acceso y la defensa del agua y la preservación del ambiente en general, amenazadas por estos emprendimientos ante el incumplimiento del convenio 169 que establece la consulta previa, libre e informada. En Jujuy, además, se aplica la ley 5915, que faculta al gobierno a “obviar” este convenio priorizando dar curso a las inversiones saltando la consulta. 

Atentos a que al menos la prórroga se garantice en diputados por otros cuatro años, permanecerá frente al congreso el acampe en defensa de la ley 26160. 

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